Por unanimidad, el Congreso avala reformas para salvaguardar el interés superior de los menores de edad

Con el objeto de establecer que se persiga de oficio el delito de abuso sexual en los casos en que la víctima sea un menor de edad, independientemente de su condición física o mental que lo haga susceptible de alguna discapacidad, las y los diputados de los partidos políticos MORENA, MOCI, PRI y PAN, aprobaron por unanimidad, el dictamen relativo a una iniciativa para derogar la fracción V y reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 169 del Código Penal del Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez.

Se subraya en el dictamen que, al perseguir dicho delito de oficio, no se requerirá denuncia de la parte ofendida, sino que bastará que la autoridad competente tenga conocimiento de los hechos por cualquier persona que lo haga de su conocimiento, esta acción legislativa, protege el interés superior del menor, pues todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia.

De esta manera, el ya citado Código queda como sigue, “A quien cometa el delito de abuso sexual en una niña, niño o adolescente; con alguna discapacidad o, en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización”.

Dicha penalidad se aumentará en una mitad en su mínimo y en su máximo, si se hiciera uso de violencia en la niña, niño o adolescente; con alguna discapacidad o, en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o exista una relación sentimental entre el sujeto activo y la víctima, o cuando el agresor aproveche su posición de autoridad, o se encuentre ejerciendo la patria potestad, tutela o curatela, se fijará de manera expresa y obligatoria la suspensión de la convivencia entre la víctima y su agresor, y a éste se le destituirá del cargo o comisión de los que pudo valerse, así como la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela que estuviere ejerciendo sobre la víctima.

Cabe señalar que se realizaron ajustes de redacción, estilo jurídico y de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, sin afectar el fondo de la iniciativa.

En el mismo sentido de la votación, fue aprobado el dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 99 y adicionar una fracción VIII Bis al artículo 4 y una fracción XXIII Bis al artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo.

El objetivo es, de acuerdo al documento, incorporar a la citada Ley, el modelo de Crianza Positiva, que se entenderá como el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayuden al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, todo en un marco de respeto a sus derechos, a cargo de las personas que tienen bajo su responsabilidad a niñas, niños y adolescentes derivado de la patria potestad, tutela, guarda y custodia, la enseñanza, la educación, la salud, acogimiento residencial o cualquier otro encargo de orientación, educación, cuidado o crianza.

Además, se establece que será una obligación de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, asegurarles y ofrecerles un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad, mediante la crianza positiva basada en el cuidado y en las relaciones respetuosas y participativas.

Finalmente, las autoridades estatales y municipales, tendrán que implementar medidas de capacitación de crianza positiva a las madres, padres, quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda, custodia o cualquier persona que tenga relación con niñas, niños y adolescentes, observando el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia, garantizando en la máxima medida posible el ejercicio pleno de sus derechos, con el fin de erradicar las prácticas de castigo corporal, castigo humillante o denigrante, o cualquier tipo o forma de violencia.

También por unanimidad, sin dispensa de más trámite, el Pleno avaló un Punto de Acuerdo promovido por los diputados Abigaíl Gutiérrez Morales, Elías Noé Baeza Aké y Fabricio Fernando Pérez Mendoza, a fin de exhortar respetuosamente a los 13 Ayuntamientos del Estado de Campeche, con pleno respeto a su autonomía, para que, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, actualicen sus Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general que lo requieran, los difundan ampliamente a través de sus medios electrónicos y estén perfectamente ubicables para consulta en los mismos, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado de Campeche, y también respetando los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional.

Previamente se dio lectura a dos iniciativas: para reformar la fracción IV y adicionar la fracción V al artículo 213 del Código Penal del Estado, promovida por la diputada Maricela Flores Moo, y para reformar el artículo 244 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes.

En el punto de asuntos generales intervinieron los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez en relación al tema de la UNACAR; Maricela Flores Moo para destacar lo más relevante de su iniciativa presentada en sesión; Teresa Farías González sobre un recurso de reclamación dirigido a la Mesa Directiva; Elisa María Hernández Romero referente a la instalación de la mesa de transición para la ampliación del programa IMSS Bienestar en el Estado; Jorge Luis López Gamboa hablando de las estrategias implementadas por el Gobierno Federal ante la inflación; Genoveva Morales Fuentes destacando el alcance de su iniciativa en materia de austeridad; Daniela Guadalupe Martínez Hernández realizó un exhorto a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para dictaminar iniciativa que presentó su Grupo Parlamentario en materia de delito de violación cometido a menores de edad y, César Andrés González David presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Campeche, informe al Poder Legislativo sobre los proyectos pertenecientes al Programa de Inversión Anual Pública, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Al inicio de la XXII sesión ordinaria y luego de declararse su apertura, fue leída correspondencia enviada por el H. Congreso del Estado de Guanajuato, sesión a la que no asistieron con permiso de la Directiva, las diputadas Karla Guadalupe Toledo Zamora, Dalila del Carmen Mata Pérez y Balbina Alejandra Hidalgo Zavala.

Por último, los diputados integrantes de la actual Legislatura fueron citados para asistir a la próxima sesión, a efectuarse el jueves 21 de julio del año en curso, a las 11:00 horas.